Prohíben a docentes opinar sobre religión, política y género.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó una normativa que restringe a los docentes de expresar opiniones sobre religión, género, etnia y política partidaria en las aulas, lo que generó un fuerte rechazo de gremios y legisladores.

El Reglamento Escolar 2025 establece que los educadores no pueden manifestar opiniones ni adoptar conductas que “puedan influir, confundir y/o afectar a los menores” en estos temas. Además, si surgen inquietudes de los estudiantes, deben ser derivados a “equipos especializados”.

Vanina Biasi, diputada nacional del PO-FITU, denunció la medida como un “instrumento de persecución” y anunció un proyecto para derogarla. Gremios docentes como UTE y Ademys calificaron la normativa como un intento de “censura y silenciamiento” de la comunidad educativa.

El conflicto se da en un contexto de tensión en la política educativa porteña, luego de la suspensión de contenidos sobre género y diversidad contemplados en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI).