En un reciente fallo, la Justicia rechazó la incorporación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como organismo de control sobre la Universidad de Buenos Aires (UBA). El fallo se fundamentó en la autonomía universitaria, garantizada por la Constitución Nacional, y en el hecho de que la UBA ya es auditada desde 1996 por la Auditoría General de la Nación (AGN).
La SIGEN, como órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, tiene la función de supervisar el uso de recursos y asegurar que las gestiones públicas cumplan con los objetivos de gobierno. Sin embargo, su intervención en la UBA fue descartada, ya que las universidades públicas, como entes autárquicos, cuentan con mecanismos de control propios que respetan su independencia.
La UBA no se opone a ser auditada, pero rechaza la intervención de la SIGEN por considerar que no tiene competencia para ello, ya que responde al Poder Ejecutivo. En su lugar, la universidad busca que sea la Auditoría General de la Nación (AGN) quien realice los controles, como se ha hecho anteriormente. Además, están dispuestos a incluir auditores independientes para asegurar transparencia.
Desde el Ejecutivo, se sostiene que la medida busca garantizar el uso transparente de los fondos públicos. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó la resistencia de la UBA, sugiriendo que podría ocultar información. Por su parte, el presidente Milei afirmó que no se busca intervenir universidades, sino asegurar que el dinero de los contribuyentes sea controlado.
El rechazo judicial a esta medida no solo protege a la UBA en este caso específico, sino que también refuerza el principio de autonomía universitaria en Argentina. Sin embargo, deja abierta una discusión sobre cómo lograr un equilibrio entre transparencia en el manejo de fondos públicos y el respeto a la independencia de las instituciones educativas.