El gobierno da marcha atrás con la intervención de Vicentín

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Así lo confirmó el presidente esta tarde, tras la extensión del ASPO. “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa”, expresó.

Por Ezequiel Ian Pérez.

Más de un mes y medio después de la decisión, finalmente el gobierno nacional dio marcha atrás con el proyecto de intervención de la cerealera Vicentín. Este viernes, luego del anuncio de la extensión del ASPO, Alberto Fernández dio la noticia a la sociedad a través de sus redes sociales.

La intervención había sido dispuesta el pasado 9 de junio, y fue motivo de gran polémica y discusión entre sectores opositores y oficialistas. El mandatario publicó dos imágenes donde se observa en detalle el Decreto de Necesidad y Urgencia, y acompañó el documento de una breve explicación.

“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, informó Fernández inicialmente.

La publicación del presidente en Facebook

Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El juez…

Publicado por Alberto Fernández en Viernes, 31 de julio de 2020

A continuación, esbozó la argumentación de la medida: “El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.

“Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, continuó.

En este sentido, aclaró que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa” y añadió que “tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.

Alberto Fernández aclaró que “Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”. No obstante, sostuvo: “nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”.

El 8 de junio pasado, Alberto Fernández anunciaba el DNU de intervención del Grupo Vicentín.

También aseveró que la intervención durante 60 días era una instancia “fundamental” antes de declarar a Vicentín como un bien de utilidad pública, “para conocer su verdadero estado patrimonial”.

Contemplando la situación del proceso, la decisión del presidente fue tajante: “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.

Por último, informó que dio instrucciones  a todos los organismos públicos involucrados” para llevar adelante “las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.

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